Los derechos que nos roban las eléctricas ¡COMPÁRTELO!

Casi tres de cada diez personas en España, el 28,6% de los ciudadanos, se encuentra en riesgo de exclusión social, sin apenas recursos con los que pagar las necesidades básicas, según datos  del Instituto Nacional de Estadística (INE).

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Millones de personas en España viven en riesgo de pobreza energética. En concreto, en 2012, más de 7 millones de personas destinaban más del 10% de sus ingresos en la factura de energía doméstica, y 4 millones se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos.

La pobreza, afecta y recrudece la situación de las personas más vulnerables, y un ejemplo claro es el de la trágica historia de Rosa, la anciana que murió en el incendio de su casa de Tarragona y que conmocionó a la sociedad española. Su caso puso en el punto de mira al gobierno y a la empresa que le cortó la luz: Gas Natural Fenosa.

Movilizaciones en toda España exigieron al gobierno que protegiera a las personas y que no permitiera que esto pudiera volver a ocurrir. El caso de Rosa es uno de los más graves de la pobreza energética y la punta del iceberg de nuestro modelo energético, pero el sistema actual tanto en España como a nivel global es desgraciadamente una continua vulneración de los derechos sociales.

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Las empresas eléctricas producen energía sucia que contamina el aire que respiramos, afectando a nuestra salud y provocando miles de muertes prematuras al año. Sus emisiones de gases de efecto invernadero provocan el cambio climático, con las consecuentes olas de calor, destrucción de zonas costeras, subida del nivel del mar o cambios en los cultivos, afectando a las formas de vida y la producción de alimentos.

Las empresas conocen perfectamente los impactos que produce su negocio, pero lejos de actuar para avanzar hacia las renovables, invierten millones  de euros en publicidad para hacernos creer que su actividad no afecta al medio ambiente ni a las personas. Es mentira. La actividad de las empresas energéticas contamina, y provoca que personas de todas las partes del mundo y de todas las sociedades veamos violados nuestros derechos fundamentales, aquí en España y también en países a miles de km de distancia, donde las emisiones de los países industrializados como el nuestro se dejan sentir en forma de tifones, sequías, o inundaciones, llegando incluso a desplazar a miles de personas en una crisis migratoria sin precedentes.

Mientras esto ocurre, el gobierno de España, igual que hacen otros gobiernos cuyos líderes se benefician de puertas giratorias y favores de las eléctricas, olvidan su responsabilidad como gobernantes, y no protegen a la ciudadanía. Olvidan su obligación como garantes del interés general y de nuestros derechos constitucionales, como el derecho a un medio ambiente adecuado y su deber de defenderlo y restaurarlo, el derecho a una vivienda digna o el derecho a la protección de la salud.

Es momento de que las personas en España sigamos reclamando nuestros derechos, como hicimos con el fallecimiento de Rosa. Debemos exigir un cambio en la producción de energía que nos permita frenar la contaminación y el cambio climático, y debemos impedir que los gobiernos sigan siendo cómplices de la injusticia, reclamando que aborden y garanticen los derechos humanos. No podemos permitir que las empresas nos ahoguen y las personas paguemos por ello.

En todo el mundo han surgido ya diversas iniciativas en las que la acción social está llevando a los tribunales a las empresas que contaminan y que provocan el cambio climático, exigiendo un cambio en las prácticas de estas empresas y pidiendo planes de acción para dejar bajo tierra los combustibles fósiles. Es el caso de Filipinas, donde una demanda firmada por 14 organizaciones y respaldada por miles de personas ha llevado a más de 40 empresas responsables de las emisiones que producen el cambio climático ante una comisión de derechos humanos.
En España, no podemos permitir que las empresas del oligopolio: Iberdrola, Endesa y Gas Natural sigan imponiendo prácticas contaminantes con el beneplácito del gobierno mientras los derechos de las personas se ven constantemente vulnerados. No podemos permitir que mientras estas tres empresas suman unos beneficios netos totales superiores a los 72.000 millones de euros sólo entre 2005 y 2015, se sigan produciendo muertes por incendios en viviendas con cortes de luz o por enfermedades respiratorias agravadas por la contaminación.

Es momento de unirnos, de alzar la voz para liberarnos de las energía sucias y avanzar hacia un futuro con renovables, en el que nadie vuelva a vulnerar nuestros derechos.

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